En este
mes de agosto, durante el desarrollo del segundo punto de la mesa de
negociación entre el Gobierno colombiano y las Farc en busca de la paz, denominado
“Participación política”, el grupo guerrillero presentó una insólita demanda:
quieren radio, prensa y televisión financiados con recursos del estado.
No
han entregado las armas, no se han incorporado a la vida civil, pero buscan
garantizar el acceso al escenario político, con medios de comunicación que les
permitan hacer proselitismo abiertamente y, lo que es peor, con el dinero de
los colombianos, a quienes nos han secuestrado, masacrado, extorsionado y engañado
durante más de cincuenta años; ellos esperan ‘caer parados’ en el Congreso -con
garantías que ningún colombiano ‘de bien’ tiene- y acceder a un canal de
televisión, lo que no han podido lograr empresarios de la industria audiovisual
del país o de afuera, (me refiero al tercer canal).
En
la búsqueda de la paz, el gobierno seguramente estará movilizando ya al
Ministerio TIC, la Autoridad Nacional de Televisión, la Agencia Nacional del Espectro,
entre otros, para estudiar las demandas de los insurrectos; espero, como
ciudadano colombiano, que se consiga la paz; hago votos porque la guerrilla
exponga sus ideales -si es que le queda alguno- en el escenario político, lejos
de las armas y los campamentos, pero, rechazo el que se les entreguen, cual piñata,
medios de comunicación que terminarán adoctrinando y difundiendo las mentiras
que hoy les inyectan, como con aguja hipodérmica, a sus cada vez menos, adeptos
ideológicos.
Si
quieren medios, que primero paguen lo que deben y ahí sí, desde la legalidad,
conquisten los espacios políticos y sociales; después, como cualquier ciudadano,
que reclamen el derecho que les otorga la Constitución en su artículo 20: la
libertad de expresión y de creación de medios de comunicación; antecedentes
como el Noticiero AM-PM del M-19, demuestran que ello es posible.
