La
importancia de estos eventos radica en que se convierten en un lugar de
convergencia de experiencias, ideas y preocupaciones que atañen al desarrollo
de los medios públicos; la retroalimentación permite conocer la tendencia del
hemisferio y adoptar modelos que puedan estar resultando exitosos; esto, sumado
a las ponencias de académicos y expertos, resulta en un productivo coctel de
conocimiento. Hasta aquí todo bien; lo que no debe pasar es que estos espacios
se queden en lugar de socialización, de coctel -pero etílico- y de
palabras muertas; los conceptos, teorías, modelos, deben verse aplicados en la
práctica; deben bajar de las cabezas visibles –quienes asistieron al foro- a los
ejecutores de cada organización; ‘masticarse’ ‘reflexionarse’ y verse reflejados
en resultados reales y concretos.
Una
de las preocupaciones generalizadas de los medios públicos radica en la
financiación; todo tipo de teorías se entretejen sobre el tema: que con las
nuevas plataformas se reducirá la compensación (tributo que pagan quienes
explotan comercialmente los recursos del estado y con el que se financian
algunos medios públicos), que se deberá trasladar el cobro a los usuarios
finales, etc. Sea cual fuere la evolución de los medios de comunicación
privados, estos deberán seguir aportando según las características de las nuevas
plataformas; en otras palabras, les corresponde a los reguladores mantenerse a
la vanguardia de la evolución para que los cambios no afecten los ingresos que
permiten la operación de los medios públicos. Es responsabilidad del estado
garantizar que estos existan y que sean una alternativa de calidad –gratuita o
muy económica- para los ciudadanos. A los medios financiados por el estado hay
que exigirles calidad en sus contenidos, igualdad y pluralidad; esto quiere
decir –así suene a verdad de Perogrullo- que no se puede permitir que los
recursos públicos se usen en informes de gestión o posicionamiento de la imagen
de los políticos de turno.
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